Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia
La semana pasada tuvo lugar la sexta emisión del Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia: Cómo sí implementar la reforma penal, un esfuerzo que surgió de la sociedad civil organizada, principalmente por la Red a favor de los juicios orales y el debido proceso, México S.O.S., Renace, cidac, con apoyos de usaid, inacipe, entre otras instituciones, foro que reunió a mentes brillantes y personas comprometidas con la reforma al sistema de justicia penal, por ello, hoy dedico esta entrada a la descripción de lo que consideré más significativo, precisando que no presencié las dos últimas mesas por compromisos académicos contraídos previamente.
El foro se dividió en siete mesas (lecciones y retos de la reforma penal; la investigación de los delitos en el nuevo sistema; los gobernadores frente a la implementación a nivel local –infortunadamente sólo estuvieron 2 de los 6 anunciados-; las piezas del nuevo proceso; ejecución de sanciones y cambio de paradigma; armonización legislativa y amparo; los ciudadanos frente al nuevo sistema: socialización y estrategias de comunicación) y presencié tres conferencias (de Roberto Hernández, Álvaro Vizcaíno y Jesús Murillo Karam). El foro reunió a personas de la sociedad civil involucradas con el tema cuyas opiniones y críticas son de las más sólidas; a académicos de excelso nivel que aportan desde lo teórico, práctico y metodológico; a servidores públicos que ya están trabajando en el tema, de quienes generalmente escuchamos avances positivos y posturas optimistas (decir que la policía ya está preparada porque se ha capacitado en el extranjero, por ejemplo); y a profesionales que operan el sistema, con orientaciones y recomendaciones calificadas.
Es muy importante el que el Poder Judicial Federal haya estado presente en el Foro, a través de una persona preparada que entiende y comprende bien el nuevo sistema, como lo es el Magistrado José Nieves Luna Castro; dimensiona adecuadamente la implementación de la que insistió en señalar que ésta constituye sólo uno de los pasos –no lo es todo como pudiera pensarse-, y que debe ser evaluable por etapas, pero algo de suyo importante y que aplaudo es que destacó que se debe sistematizar y planear de acuerdo a los principios y razones que motivan la reforma, eso nos habla de un real compromiso y no sólo de salir al paso por un cumplimiento formal que ya nadie puede evadir.
Como ya sabemos, sólo tres Estados operan el sistema de manera completa: Chihuahua, Estado de México y Morelos; otros 13 lo hacen de manera parcial. De lo anterior, Jurimetría, A.C., presentó las Entidades Federativas que han resultado evaluadas con las mejores prácticas y son: Oaxaca y Baja California en el tema de medios alternos de solución de controversias; adicionalmente, Baja California con los procesos de atención eficiente a nivel de agencias ministeriales, y Morelos, lo reportan con buenas prácticas por lo que respecta a la unidad de atención y seguimiento de medidas cautelares (aunque aquí en Querétaro, capacitadores de Morelos vengan a decirnos que su sistema está colapsado), área en la que Rommel Moreno Manjarrez, Asesor de la pgr, puntualizó que debe tenerse especial cuidado para que el sistema no se deslegitime, por aquello de que ahora la regla general será juzgar en libertad, de tal forma que debe existir un real seguimiento y vigilancia de las medidas cautelares distintas a la de prisión preventiva (nos compartió que en Baja California el procesado no llegó a la primera audiencia de juicio oral que se celebró, lo que los obligó a revisar, adecuar y mejorar el sistema de vigilancia de medidas en libertad).
También cidac, por conducto de la Mtra. María Novoa, reporta como Estados con prácticas positivas a Baja California y a Guanajuato: la primera por el uso adecuado de los medios alternos de solución de controversias y, el segundo, por el uso inteligente de tecnología para la comunicación eficiente entre las instituciones de procuración y administración de justicia. En el avance que cidac presentó de cada Entidad Federativa, Querétaro está en el penúltimo lugar de avance en la implementación (el último es Guerrero) http://cidac.org/esp/uploads/1/CIDAC-_Maria_Novoa_-_Sexto_Foro.pdf y algo que quiero resaltar de la gran aportación de la Mtra. Novoa es que mencionó que el riesgo en el proceso de implementación es que solamente se logre un cambio formal sin que ocurra una transformación real al interior de las instituciones y que el proceso de mejora no concluye en junio del 2016 sino que debe trascender.
Alguien a quien admiro académicamente y de quien siempre aprendo, es el Dr. José Antonio Caballero Juárez. Todo, todo lo que dijo, constituye una gran aportación para los implementadores que quisieran escucharlo. Su enfoque teórico-práctico y metodológico contribuye indudablemente a procesos eficaces y eficientes. Es difícil sintetizar cuando todo fue importante, pero lo significativo es que afirmó que el proceso de implementación debe orientarse a su gran expectativa que es reducir la desconfianza en el sistema de justicia penal (empresa difícil pero que como dijo la Dra. María de los Ángeles Fromow, la voluntad es muy importante para lograrlo); también, que la condicionante para el cambio real, es contar con auténtica independencia entre jueces, ministerios públicos y defensores, para que cada uno realice el trabajo que le corresponde sin ninguna limitante y haga valer lo que su rol le exige (puso como ejemplo un caso de Chihuahua en el que el imputado le dice al juzgador que fue torturado y éste deja de cumplir con su función de garante de los derechos de las personas, sin ordenar las acciones que correspondían en contra del ministerio público y policías a cargo). En el tema de los recursos materiales, señaló que no se trata de contar con grades o exorbitantes recursos, sino de realizar los ajustes estructurales que se requieren para cumplir con lo ordenado por la constitución, agregaría yo: si realmente hay voluntad para hacer las cosas. Por último, y muy importante, que la reforma implica gestión y cambio cultural y para que esto sea posible se requiere liderazgo, es decir, designar a verdaderos líderes al frente de los cambios estructurales.
Roberto Hernández presentó una estadística derivada de entrevistas con detenidos, relativa al mal trato (verbal) que recibían las personas detenidas en el Estado de México, en donde ya se cuenta con el procedimiento acusatorio y oral, y la comparó con el mal trato (verbal) que recibían las personas detenidas en el Distrito Federal, en donde aún no opera el nuevo sistema, mostrando los datos duros un similar trato en ambas entidades, razón por la que Roberto Hernández afirmó que en el Estado de México, el juicio oral no está teniendo un trato civilizador.
La Sra. Ma. Elena Morera, hizo mucho énfasis en los policías porque de estos se está exigiendo demasiado pero no hay una real correspondencia, pues la capacitación está siendo a manera de check list, en donde si el policía acreditó su curso de una semana, entonces ya está capacitado, lo cual no es así porque eso no significa que ya esté preparado para hacer frente al nuevo sistema de justicia, afirmando que, si buscamos justicia, pensemos si estamos siendo justos con los policías, es decir, si los estamos dotando de los instrumentos y herramientas que requieren para su labor.
El programa de profesionalización de la policía federal para hacer frente a su nuevo rol y que fue presentado por el Mtro. Álvaro Vizcaíno, es muy completo, abarca 5 áreas de especialización: etapa de investigación inicial (el policía como primer respondiente con diferentes protocolos de actuación), seguido de la protección de la escena del crimen, el respeto a los derechos humanos, la coordinación entre policía y ministerio público, y en la etapa de juicio oral, el policía como testigo. Esto es algo muy necesario, porque los esfuerzos se encaminan a cómo debe actuar el policía al tener la noticia criminal, cómo recabar y proteger indicios y evidencia, cómo asegurar a personas sin violar sus derechos fundamentales, pero a veces, poco se trabaja con el policía en su rol de testigo en el juicio: el tener que ir a dar cuenta a los jueces de sus actividades de investigación, sometiéndose a la refutación que les va a realizar con un contrainterrogatorio la defensa de los imputados.
Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Director General de Formación Profesional de la pgr, coincidió –aunque estuvieron en mesas diversas– con el Dr. Caballero y con la Dra. Fromow, en el sentido de que la implementación requiere y exige liderazgo positivo y voluntad, agregando que hoy se tiene qué contar con operadores profesionales porque antes lo que teníamos era operadores “aficionados”, para ello, es importante determinar las competencias por perfil y definir la capacitación del operador de acuerdo a ello.
El Lic. Jorge Gutiérrez, ex juez de control de Chihuahua, hizo énfasis en que se deben reducir los tiempos de duración de las audiencias y no continuar con motivaciones tan solemnes, pues el dato de prueba es mencionado por el fiscal, por el defensor y por el juez. Coincido totalmente con él, pero eso no será posible sino hasta que los jueces de amparo disminuyan las exigencias para la motivación, adentrándose en lo que es la esencia del acto de molestia: que exista un fundamento para emitirlo y que se den las razones suficientes para que sea comprendido por parte del justiciable.
En el rubro de los defensores, el abogado Rafael Heredia Rubio, hizo un llamado a su gremio para comprender adecuadamente el nuevo procedimiento penal y a que se preparen para estar a la altura del nuevo sistema porque de lo contrario éste los rebasará, pero también, que elijan con quién capacitarse porque la reforma ha servido a charlatanes que no tienen nada qué decir pero sí se enriquecen a cambio de la supuesta capacitación que imparten.
Otro académico investigador del itam que aportó de manera significativa, fue el Dr. Miguel Sarre en el tema de ejecución penal. Dice que el cambio está en contar con prisiones sin excesos, sin abusos y sin privilegios (o privilegiados); que la prisión debe transformarse para ser un espacio de igualdad democrática y que debemos lograr la reforma constitucional para gobernar las prisiones, no la conciencia de los internos (diría yo: bajo la idea ya rebasada de la criminología clínica). Además, y lo resalto, el que la autoridad administrativa (de prisiones) debe estar subordinada al juez y no a la inversa, refiriéndose al caso mexicano de que el juez ordena inmediata libertad del detenido pero éste continúa siendo tratado como tal al trasladarlo al centro penitenciario del cual sale hasta varias horas después de que lo ordenó el juez. Esto sin duda, debe cambiar para que la libertad ordenada por un juez se materialice.
Por último, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo algo muy real y delicado a propósito de todas las reformas, tanto al sistema de justicia penal como en derechos humanos, en el sentido de que estas reformas permiten facultades discrecionales a los jueces para interpretar las normas conforme a derechos y en beneficios de las personas, lo cual es necesario para el adecuado trabajo de jueces y que no se vean limitados por el uso exegético de la norma, pero que debemos ser cuidadosos porque el mal uso de la interpretación nos puede llevar al deterioro de los principios fundamentales y entonces, en lugar de ser útil la reforma que da facultades discrecionales a los jueces, la deteriora. Si acaso lo que lamento es que haya sido el procurador quien dio el mensaje a los jueces y no, por ejemplo, el Presidente de conatribque también estuvo presente en una mesa, de quien lamento profundamente las afirmaciones que hizo a nombre de todos los tribunales del país, al sostener que las decisiones de los consejos de la judicatura contra funcionarios judiciales, deben ser inimpugnables.
Esta es la reseña que les presento de tan importante evento, es imposible plasmar todo lo ahí aprendido, ojalá lo positivo sea retomado por los órganos implementadores de las 15 Entidades Federativas en donde aún no inicia el nuevo sistema de justicia y veamos el ejemplo de Baja California o Guanajuato; ojalá que de igual forma en futuros foros, escuchemos sobre la evaluación de buenas prácticas procesales y no sólo de eficiencia administrativa: la reforma quiere una mejor justicia y en este rubro son muy importantes los mecanismos alternos, sí, pero también, la forma en que se juzga cuando se realiza el procedimiento ordinario en todas sus etapas hasta la de juicio oral; que escuchemos las buenas prácticas de jueces, ministerios públicos y defensores por entidades federativas, para saber si la reforma efectivamente está significando un cambio cultural, de rol y de comprensión de la nueva manera de juzgar bajo los estándares internacionalmente establecidos.
Como operadora del sistema oral en adolescentes, me permito felicitar, pero sobre todo, agradecer al Sr. Alejandro Martí, al Sr. Ernesto Canales, por la extraordinaria organización del Foro al que los asistentes acudimos de manera gratuita y eso se valora enormemente; también, por su dedicación y esfuerzo para comprometer a las autoridades e instituciones responsables a efecto de que se cumpla con la reforma en el tiempo establecido por la Constitución, y en especial, por reunir a lo más calificado en el tema como la Dra. Ana Laura Magaloni, María Novoa, Ma. Elena Morena, José Antonio Caballero, José Nieves Luna, Miguel Sarre, Miguel Carbonell, Alejandro Ponce de León, Álvaro Vizcaíno y Javier Carrasco, sin duda, sus aportaciones son lo mejor del Foro. También agradezco haber coincidido con colegas, amigos y antiguos compañeros de aula, en especial, un gusto coincidir con la persona a quien debo la motivación y conocimiento en los juicios orales: el Dr. Samuel González Ruiz.
