Este martes 23 de diciembre, en “El Juez y la Sociedad”, el Mtro. Juan Martín Granados Torres, nos habló del objetivo de la licenciatura en ciencias de la seguridad y nos explicó la evolución que ha tenido el concepto de seguridad.

En cuanto a la licenciatura que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, el próximo semestre egresa la primera generación y los futuros licenciados se forman en el conocimiento científico acerca del fenómeno de la seguridad y su antagónico, la inseguridad, para generar análisis, diagnósticos y propuestas de solución de fondo y no solo remedios temporales.

Nos explicó que la seguridad debe ser vista como un derecho humano y en este sentido, la autoridad debe proteger pero también garantizar la seguridad de todos los gobernados.

El concepto de seguridad surge con el nacimiento del Estado-Nación, bajo la idea de la seguridad pública, en donde el Estado tenía que asegurar su existencia y mantener el orden interno. Esto se presenta en la primera mitad del siglo XVII.

A partir de la segunda guerra mundial, surge lo que ha sido el mejor de los legados para las generaciones venideras: los derechos humanos y se habla de la igualdad como condición necesaria para el reconocimiento, goce y disfrute de los derechos. Este concepto ha ido evolucionando hasta hoy llegar a un garantismo en donde ya no es suficiente con la igualdad, sino que ahora se habla de equidad, es decir, eliminar las desigualdades por cualquier categoría (raza, religión, género, edad, etcétera) para que se materialice una real igualdad.

El concepto de seguridad ciudadana, surge en los 70’s, con la idea de ciudadanizar la seguridad, es decir, que el gobernado colabore con la autoridad en su propia seguridad, y así se inicia con las organizaciones comunitarias para crear figuras como vecinos vigilantes, protección de viviendas, fraccionamientos cerrados, inversión familiar en resguardo de sus casas o negocios, etcétera, y si bien, el ciudadano debe contribuir para disminuir riesgos, también lo es que eso no exime a la autoridad de su obligación de proteger y garantizar la seguridad. El concepto es aceptable, sin embargo, lo erróneo está en la autoridad porque lo utiliza para culpar a las personas de ser víctimas de la delincuencia al no contribuir en su propia seguridad, olvidándose la autoridad su obligación constitucional.

A partir de 1994 surge el concepto de seguridad humana, bajo la idea de la seguridad, ya no solo como una obligación de la autoridad, sino también como un derecho humano que debe garantizarse a todas las personas para que estén seguras, para que no sufran de inseguridad. La ONU analizó el fenómeno de la inseguridad, y determinó que el problema no debe verse solo en lo regional sino de una manera globalizada y entonces, atacar el fenómeno de la misma forma. Además, el acento se puso en cómo atender las desigualdades existentes, es decir, cómo atacar el fenómeno de la pobreza, la hambruna, los problemas de salud, de territorio, etcétera, porque atendiendo y disminuyendo estas desigualdades, es como puede atacarse y a su vez lograr que disminuya la inseguridad.

En este concepto de la seguridad humana hay dos enfoques: el de Japón que apuesta por un mundo sin pobreza y fortalece la capacidad el Estado para proporcionar atención a grupos vulnerables, y el de Canadá, en donde se habla de ciudadanos libres de violencia, pero de violencia en general, esto es, no solo de violencia delictiva, sino por cualquier categoría: edad, etnia, religión, género, territorio.

Hoy, el problema de la inseguridad ya no solo es para el Estado, sino, principalmente, para las personas. La inseguridad no se reduce a ser víctima de un delito, sino a cualquier circunstancia que por una desigualdad genere mecanismos de violencia hacia una persona. Esto es seguridad humana, un concepto mucho más amplio que el de seguridad pública y ciudadana.

Lo antes dicho impera en el plano internacional, sin embargo, en México se sigue teniendo una visión de seguridad pública, en donde se ataca el fenómeno delictivo invirtiendo recursos en seguridad que significa, para esta visión, comprar más patrullas, armamento, chalecos de protección, cámaras de vigilancia, capacitación a policías para destrezas físicas y de tiro, etcétera, o endurecer las leyes penales, sin embargo, cada vez se invierte más en seguridad  pero cada vez crece más el fenómeno delictivo por la sencilla razón de que se desconoce le problema real y no se ataca de raíz.

Los problemas que hoy enfrentamos en el tema de la inseguridad no pueden seguirse atacando con la visión de los años setenta del siglo pasado, porque ni son los mismos problemas, ni somos la misma sociedad, ni tenemos las mismas necesidades y problemáticas, además de que cada región tiene problemas distintos que requieren su análisis y solución adecuada, por ejemplo, lo que hace poco se dio a conocer en el sentido de eliminar a las policías municipales, es una solución general para problemas particulares, porque no pueden tratarse de la misma forma los problemas que se dan en un Estado con un alto índice de delincuencia organizada que en otro en donde la problemática delictiva es una muy diferente.

El artículo 21 constitucional sigue diciendo que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, visión que se corresponde con el nacimiento del Estado-Nación, y a pesar de que hay múltiples reformas constitucionales, que se ha fortalecido el reconocimiento de los derechos humanos, que se siguen proponiendo reformas a la constitución en tal rubro, nada se propone para complementar el concepto de seguridad pública con el de seguridad como derecho humano: el derecho que tenemos todos por igual de tener seguridad y que la autoridad la garantice, pero además, seguridad en un sentido amplio.

¿Qué se requiere? Un experto en seguridad como lo es el Mtro. Juan Martín Granados Torres, nos dijo que se necesita tener una política y visión de Estado y no una política de gobierno; la autoridad responsable no debe tratar el tema de la seguridad como política “de su administración”, sino generar proyectos a muy largo plazo a los que debe darse continuidad con su correspondiente evaluación. La seguridad, o la inseguridad, debe abarcar diversos aspectos y no solo la delictiva. Las políticas deben estar encaminadas no solo a atacar el fenómeno delictivo del momento, sino a disminuir las desigualdades que se sufren por pobreza, hambre, salud, territorio (los llamados cinturones de miseria o las autorizaciones para construir casas que no son dignas para una familia de cuatro o cinco integrantes, etcétera). Políticas para reconstruir, verdaderamente, el tejido social, con todo lo que esto significa y no solo ser utilizado como frase de adorno de discursos políticos. Así y quizá sólo así, se logre tener seguridad en un sentido amplio.

Sin duda, una excelente aportación que hizo el Mtro. Juan Martín Granados Torres a todos los que me hacen el favor de escucharme. Muchas gracias por todos sus comentarios, preguntas y sugerencias, su espacio, “El Juez y la Sociedad” les desea que tengan felices fiestas.

Nos escuchamos el próximo martes. ¡Hasta entonces!